La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hace un llamado para que los gobiernos y la sociedad continúen su lucha contra la corrupción, que denuncien o actúen si detectan cualquier irregularidad. Funcionarios, agentes de la ley, representantes de los medios de comunicación, sector privado, sociedad civil, educadores, jóvenes, tengan la responsabilidad para proteger nuestros derechos, los de todos. Y por ello el lema para este año 2021 es el siguiente: "Tu derecho, tu desafío: dile no a la corrupción".

La corrupción es un fenómeno que afecta a todos los ámbitos sociales. La prevención permitirá avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ayudar a proteger nuestro planeta y crear empleos, favorecer la igualdad de género y garantizar un mayor acceso a servicios esenciales como la salud y la educación. 

Los esfuerzos en la lucha contra la corrupción benefician a todo el conjunto social, pero la mala conducta y las irregularidades están robando recursos valiosos para responder y recuperarnos de la crisis de COVID-19.  

El Día Internacional contra la Corrupción de 2021 busca destacar los derechos y responsabilidades de todos -incluidos los Estados, los funcionarios públicos, los agentes de la ley, los representantes de los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil, el sector académico, el público y los jóvenes- en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, no solo los países deben unirse y afrontar este problema global con una responsabilidad compartida. Todas las personas tienen un rol que cumplir para prevenir y combatir la corrupción a fin de fomentar la resiliencia y la integridad en todos los niveles de la sociedad.

Para lograrlo, es necesario que los gobiernos establezcan políticas, plataformas y medidas para que las personas puedan alzar la voz y decir no a la corrupción. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción hace hincapié en la responsabilidad de los gobiernos de implementar medidas efectivas de protección a los denunciantes, para así garantizar que los mismos estén protegidos contra cualquier posible represalia. Estas medidas contribuyen a que las instituciones sean eficaces, responsables y transparentes, y a que haya una cultura de integridad y equidad.