La Organización de las Naciones Unidas (ONU) asegura que si bien se han registrado avances significativos en la reducción de la pobreza, la educación y la cobertura de la protección social, las desigualdades estructurales, la precariedad del mercado laboral, las disparidades de género y la disminución de la confianza en las instituciones siguen obstaculizando el desarrollo inclusivo y sostenible. Por lo tanto, un compromiso renovado implica fortalecer la coherencia de las políticas en las dimensiones económica, social y ambiental, reforzar la cooperación multilateral y situar la equidad y la solidaridad en el centro de la formulación de políticas a nivel mundial.

El avance del desarrollo social y la justicia social requiere políticas coordinadas, equitativas e inclusivas que integren la dimensión social en las estrategias macroeconómicas, laborales, climáticas, digitales e industriales.

En este sentido, los Estados Miembros han reafirmado la necesidad de marcos macroeconómicos que generen oportunidades de empleo y salarios dignos que fortalezcan las instituciones del mercado laboral y garanticen la protección social universal. Se necesita fomentar la igualdad de género, las oportunidades para los jóvenes, la transición de la economía informal a la formal y la garantía de transformaciones justas e inclusivas en las economías digital y verde. Es esencial mejorar la colaboración entre múltiples partes interesadas, como gobiernos, organizaciones internacionales, interlocutores sociales y sociedad civil, para movilizar recursos, fomentar la innovación en materia de políticas y acelerar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin dejar a nadie atrás.

La Asamblea General de la ONU proclamó en 2007 esta fecha como el Día Mundial de la Justicia Social para que los países miembros realicen acciones para erradicar la pobreza, promover el trabajo decente, la igualdad de sexos y el acceso al bienestar social y a la justicia social.