El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), menciona que desde el año 2000, el mundo había realizado progresos constantes en la reducción del trabajo infantil. Pero en los últimos años, los conflictos, las crisis y la pandemia del COVID-19, han sumido a más familias en la pobreza,  y han obligado a millones de niños a recurrir al trabajo infantil. 

Lamentablemente, el crecimiento económico no ha sido suficiente, ni mucho menos integrador, para aliviar la presión que sienten familias y comunidades obligándolas a recurrir al trabajo infantil. En la actualidad, 160 millones de niños siguen trabajando. Es decir, casi uno de cada diez niños en todo el mundo.

África ocupa el primer lugar entre las regiones, tanto por porcentaje de niños en trabajo infantil como en números absolutos de niños en situación de trabajo infantil con 72 millones. Asia y el Pacífico ocupan el segundo lugar con un 7 por ciento y 62 millones en términos absolutos.

A pesar de que el porcentaje de niños en trabajo infantil es más alto en los países de bajos ingresos, su número es en realidad mayor en los países de ingresos medios: el 9 por ciento en los países de ingresos medios bajos, y el 7, en los de ingresos medios altos. Las estadísticas sobre el número absoluto en cada grupo de ingresos nacionales indican que 84 millones de niños están en situación de trabajo infantil, el 56 por ciento de los cuales vive en países de ingresos medios, y otros 2 millones viven en paises de altos ingresos.

La UNESCO reitera que la abolición del trabajo infantil es la piedra angular de la aspiración a la justicia social, mediante la cual todo trabajador pueda reclamar libremente y con las mismas oportunidades y trato, la parte que le corresponde de la riqueza que ha contribuido a generar.

La experencia de las tres últimas décadas ha demostrado que el trabajo infantil puede eliminarse si se abordan sus principales causas. Las medidas para abordarlas incluyen el establecimiento y la aplicación de un marco jurídico sólido basado en las Normas Internacionales del Trabajo y el diálogo social, la provisión de acceso universal a una educación de buena calidad y a la protección social, así como medidas directas para aliviar la pobreza, la desigualdad y la inseguridad económica, y promover el trabajo decente para los trabajadores adulto